Dignificación, una deuda histórica
Columna de opinión de Lilia Solano, Directora general de la Unidad para las Víctimas
La dignidad descansa en la persuasión: la persona es un fin en sí misma, no un medio. El valor de la persona no depende de ninguna valoración externa a la que se le haya sometido; por el contrario, es un componente integral que la constituye.
El presidente Gustavo Petro, en su entrevista con Univisión el pasado 31 de enero, al responderle al periodista Félix de Bedout sobre el reciente enfrentamiento con el expresidente estadounidense Donald Trump, subrayó la centralidad de la dignidad de los colombianos y colombianas como una línea roja infranqueable. Es una frontera que no se negocia ni se mueve. La postura del Gobierno Nacional ante los procedimientos de deportación adoptados por la administración Trump marca un hito de trascendencia histórica.
Es la primera vez que Colombia le plantea al gobierno de Estados Unidos una condición innegociable: puede, en ejercicio de sus derechos de soberanía, adelantar su política de deportación, pero debe hacerlo respetando la dignidad de las personas deportadas. «Colombia no va a aceptar que los deportados colombianos lleguen esposados», puntualizó el presidente.
En atención al Derecho Internacional Humanitario, el presidente Petro recordó que ser inmigrante no constituye un delito. Rechazó, por lo tanto, la tendencia histórica de condenar a grupos poblacionales enteros declarándolos delincuentes. A pesar de que las consecuencias de la puesta en práctica de esa idea han sido desastrosas y han servido para legitimar genocidios, la administración Trump ha optado por seguir esa ruta.
Dado que estamos iniciando una nueva etapa, marcada por el respeto a la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, se puede decir que se empieza a saldar una de las grandes deudas de la historia: la de la dignidad. Este es un ámbito de acción en el que, desde la Unidad para las Víctimas, hemos venido trabajando. No dejamos de repetir que la reparación integral de las víctimas pasa por la restitución de sus derechos. Esta orientación de misión y acción subraya, igualmente con carácter innegociable, la dignidad de las víctimas del conflicto armado.
Las preocupaciones son entendibles. Estamos ante una situación inédita. No ha sido común que los gobiernos colombianos hayan salido en defensa de los derechos básicos de sus ciudadanos que viven en el extranjero. Tampoco es usual que una estadía irregular en el extranjero no sea vista como un acto delincuencial. Incluso a nivel popular, se cree erróneamente que carecer de documentos de identificación equivale a cometer un crimen, en lugar de ser considerado una vulneración de derechos.
La necesidad de una pedagogía del derecho al reconocimiento de la dignidad
Este escenario resalta la relevancia de la postura del Gobierno Nacional. Ha llegado el momento de que, como ciudadanos y ciudadanas, asumamos como nuestro el valor fundacional de la dignidad. Como mencioné algunos párrafos atrás, esta es una dinámica de formación de ciudadanía que hemos venido constatando en las regiones. A medida que las víctimas del conflicto se involucran en dinámicas participativas que les permiten recuperar sus historias, el camino hacia la recuperación de sus derechos se hace más expedito.
Las víctimas del conflicto armado en Colombia también saben lo que significa ser estigmatizadas como grupo poblacional. En las últimas décadas, se popularizó la idea de que ser campesino, provenir de zonas denominadas “rojas”, formar parte de organizaciones indígenas o exigir los derechos de personas de la diversidad de género —por mencionar solo algunos casos— convertía automáticamente a esas personas en simpatizantes del terrorismo, si no en terroristas propiamente dichos. Sabemos de las exclusiones a las que eran sometidos sus voceros. También nuestra historia exhibe capítulos vergonzosos de condena a grupos poblacionales, por lo que no debe extrañarnos que, incluso a nivel interno, hayamos sido testigos de genocidios.
En frentes como el que trabaja la Unidad para las Víctimas, salta a la vista la imperiosa necesidad de una pedagogía del derecho de individuos y comunidades al reconocimiento de su dignidad. Unos y otras son fines en sí mismos, nunca medios para el logro de algún fin, que es precisamente lo que parece perseguir una administración que estigmatiza a grupos heterogéneos de migrantes que, por ahora, se encuentran en condiciones de irregularidad.